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Juez que dispuso la suspensión de las actividades mineras que se ejecutan en el proyecto Río Blancon enfrenta sumario administrativo

By on 23 noviembre, 2018

El Consejo de la Judicatura tramita una queja presentada por el Ministerio de Minas, por la cual se ha abierto un sumario administrativo al Paúl Serrano, juez que aceptó una acción de protección planteada por la organización indígena Ecuarunari y dispuso la suspensión de las actividades mineras que se ejecutan en el proyecto Río Blanco, jurisdicción de la parroquia Molleturo, para el aprovechamiento de minerales oro y plata.

Los comuneros han demando que en la zonas de páramo no haya actividad minera de ninguna índole, mediante constante activismo y movilizaciones. Archivo

En junio pasado, el magistrado emitió la resolución mediante la cual suspendió las labores en Río Blanco.

El Consejo de la Judicatura tramita una queja presentada por el Ministerio de Minas, por la cual se ha abierto un sumario administrativo al Paúl Serrano, juez que aceptó una acción de protección planteada por la organización indígena Ecuarunari y dispuso la suspensión de las actividades mineras que se ejecutan en el proyecto Río Blanco, jurisdicción de la parroquia Molleturo, para el aprovechamiento de minerales oro y plata.

En junio pasado, el juez emitió la resolución de suspender las labores de la empresa minera concesionaria Ecuagoldmining, así como desmilitarizar la zona y dispuso a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento de la sentencia.

El magistrado fundamentó su resolución en que para emprender las acciones mineras se había omitido cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas previsto en el artículo 57 numeral 7 de la Constitución. La resolución fue apelada a la Corte Provincial, la misma que confirmó el fallo del juez Serrano.

Pablo Valverde, presidente de la Corte Provincial y vocero del Consejo de la Judicatura, expuso que la queja se ha presentado por supuesto incumplimiento del artículo 108, numeral 8, del Código de la Función Judicial. Eso es: “No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias… o, en la sustanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos constitucionales en los artículos 75, 76 y 77 de la Carta Magna”, que se refieren a las reglas que se debe cumplir al tramitar procesos.

Valverde añadió que según el pronunciamiento de la Sala de la Corte Provincial no existe ninguna declaratoria de nulidad por lo tanto el proceso es válido y lo mismo la sentencia emitida. Se conoce también que ante la sentencia se ha recurrido ante la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección, pero la misma no suspende le ejecución del procedimiento.

“El Consejo dará trámite a la queja y resolverá por las pruebas, aunque para los jueces sea molestoso distraerse del despacho de las causas para defenderse. Son gajes del oficio”.

Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados del Azuay estimó que la queja es una “maniobra” en favor de la minera para “burlar una sentencia dictada en apego al derecho”. (AVB)-(I)

MÁS DETALLES

– El proyecto minero Río Blanco comprende 5.799 hectáreas, está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chauca, del cantón Cuenca. Las concesiones son de la empresa china Junefield Resources.

– El proyecto es de mediana escala, aplica el método de extracción de mina subterránea. Según el Ministerio del Ambiente, el proyecto cuenta con todos los permisos y las garantías para operar sin afectaciones al entorno.

– El inicio de la producción del proyecto está previsto para 2019. Según cifras de la base de datos de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador, entre enero y mayo de 2018 se exportaron 654.6 toneladas de material.

– Directivos de la minera Ecuagoldming y representantes del Gobierno apelaron el fallo argumentando que el juez Paúl Serrano malinterpretó lo que dice la Constitución del Ecuador sobre la consulta previa

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